Un análisis efectuado por el investigador CAPES y Cedel UC, José Tomás Ibarra, en conjunto con investigadores e investigadoras del Centro CERES, y de las universidades Católica de Chile y Católica de Valparaíso, buscó determinar el potencial de una nueva constitución con enfoques sociales y ecológicos, en el marco del actual proceso constituyente que vive nuestro país.
En el paper, publicado en la revista Sustainability, los autores analizan en profundidad una serie de conflictos socioambientales presentes hoy en Chile asociados a actividades industriales, tales como la agricultura intensiva, la silvicultura, la minería, la pesca y acuicultura, y la industria energética, además de fenómenos como la parcelación de los suelos y la contaminación urbana.
En opinión de los investigadores, estos conflictos —que hablan de desigualdad en el acceso al agua, la degradación de los suelos, la contaminación por metales, la sobreexplotación de recursos y el desplazamiento de comunidades rurales e indígenas— están estrechamente vinculados a la normativa constitucional vigente, “siendo una de las principales razones”, acotan, “la transferencia de derechos de propiedad sobre tierras y aguas sin consideración por el bien común”.
A través de un articulado que consagra “la libre apropiación de bienes comunes como un principio general constitucional”, señalan que la actual Constitución, generada en dictadura, privilegia el derecho a la propiedad privada por sobre la protección de los recursos naturales como una regla general de nuestro sistema legal, llevando a la abismal inequidad territorial existente en el acceso de las personas a estos recursos y su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
“Un escenario de injusticia ambiental ocurre cuando ciudadanos y ciudadanas sienten vulnerabilidad en su salud y sus vidas debido a su situación socioeconómica, en particular por el territorio donde viven”, explica Ibarra.
“Nuestro análisis de conflictos socioambientales en Chile muestra múltiples casos sobre cómo personas y comunidades tienen derecho a una protección desigual por parte de regulaciones ambientales y de salud pública, sólo por el hecho de nacer o vivir en determinados territorios a lo largo del país”, afirma. Esta heterogeneidad de conflictos y las diversas industrias a las que involucra, sugiere que los conflictos medioambientales responden a un problema sistémico, más que a problemas particulares para cada zona.
Medio Ambiente: una demanda generalizada
Esta desigualdad, de hecho, es refrendada por el sentir ciudadano. A través de una encuesta realizada a 800 personas mayores de 18 años entre abril y mayo de 2021, la investigación determinó que estos conflictos resultan un catalizador al momento de definir una preferencia política, por ejemplo, al elegir a candidatos a la Convención Constitucional.
“La preocupación por el medio ambiente no es un fenómeno reciente entre los chilenos”, comenta el investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también autor del estudio, Marcelo Mena. “Esta pregunta llevan haciéndola por más de 10 años instituciones como IPSOS, CADEM, o el Instituto de Sociología UC. Todas las veces que ha habido encuestas nacionales de Medio Ambiente, las respuestas han sido consistentes. Hay una preocupación ambiental permanente que se ha dado, y nuestra teoría es que gran parte de esta valoración tiene que ver con un cuestionamiento a un modelo que trae beneficios para unos en desmedro de otros”.
La teoría se revela, también, a partir de la composición de la misma Convención. Y es que 105 de los 155 constituyentes elegidos presentaron en sus propuestas, durante el período de campaña, al menos tres principios medioambientales.
A este factor se suman otros tres elementos que, en palabras de Tomás Ibarra, harían del actual proceso constituyente “un escenario único para una constitución ecológica”.
“Según nuestro análisis un 79% de la ciudadanía apoya una nueva Constitución Ecológica, por lo tanto, existe un apoyo amplio de las chilenas y chilenos. Además, existe un apoyo transversal de los constituyentes para que la nueva carta magna sea una constitución basada en derechos, entre los que los Derechos de la Naturaleza aparecen genuina y recurrentemente, y, por último, las comisiones de trabajo de la convención, al menos la de medio ambiente y la de sistemas de conocimiento, han integrado múltiples insumos de carácter socioecológico desde la ciudadanía (como audiencias públicas y cabildos)”.
Una Constitución ecológica
Como aporte a la discusión, el documento sugiere considerar la confección de una Constitución con una perspectiva ecológica —más allá de una perspectiva medioambiental— con el fin de considerar no solo las problemáticas que afectan a nuestros recursos naturales, sino que también los impactos sociales derivados de estos aspectos.
Para ello, los autores proponen la inclusión de derechos territoriales en la nueva Carta Magna, “como un principio crucial para alcanzar justicia socioambiental en Chile”. “Estos derechos”, declaran, “debieran entenderse como un reconocimiento a la heterogeneidad de los ecosistemas y herencias culturales existentes en Chile, así como una oportunidad para generar jurisdicción local para temáticas socioambientales de acuerdo sus respectivos contextos territoriales”.
Al hablar de “derechos territoriales”, en contraste con los “derechos de propiedad”, los investigadores se refieren al derecho a crear leyes concernientes a la propiedad de los bienes raíces, poniendo atención a las preocupaciones ambientales y los derechos sobre los recursos e institucionalizando un principio de sustentabilidad en el ordenamiento legal. “Abogamos por una perspectiva de largo plazo en la nueva Constitución, bajo la cual el desarrollo económico no se produce a expensas de los ecosistemas, sino que reconozca su dependencia hacia éstos”, señala el documento.
Por último, los autores sugieren el establecimiento de estos derechos mediante una planificación territorial basada en los límites naturales de nuestras cuencas hidrográficas, las que, según un reporte nacional elaborado en 2014, ascienden a 129 a lo largo del territorio.
En el trabajo, éstos proponen un ordenamiento que agrupa estas cuencas según los ecosistemas donde intervienen, generando, así, áreas que podrían ser gestionadas de forma similar. En el paper, los investigadores presentan 7 potenciales ecorregiones (Altiplano andino; Desierto de Atacama; Bosque matorral y esclerófilo; Bosque valdiviano; Estepa andina; Bosque sub-antártico, y Campos de hielo patagónicos), concentradas en 5 macrozonas: macrozona Norte, Norte-Centro, Central, Centro-Sur y Sur Austral.
“Imaginamos que la planificación territorial ayudaría a conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado de las distintas regiones del país, el manejo responsable de los recursos naturales, justicia ambiental y una mejora en el bienestar de sus habitantes”, concluyen.
«Social-Environmental Conflicts in Chile: Is There Any Potential for an Ecological Constitution?» también contó con la participación de los investigadores Maite Berasaluce y Pablo Díaz (autores principales), de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); Paulina Rodríguez, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Luis Celis y Pedro Mondaca, también de la PUCV.
La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional durante una visita a Coronel (© El Keltehue).
Texto: Comunicaciones Cedel UC y CAPES
Créditos imágenes: El Mostrador / El Keltehue